La crisis de seguridad en Bahía de Banderas ya no puede explicarse sólo como una protesta de policías. La detención de elementos municipales debe seguir su curso legal, sin defensas automáticas ni sentencias anticipadas. Pero el Ayuntamiento no puede escudarse en que todo corresponde a la Fiscalía o a un juez.
El presidente municipal interino, Israel Santillán, dialogó con los inconformes y ofreció respeto a los derechos de los detenidos, así como asesoría legal. Sin embargo, rechazó destituir al director de Seguridad como condición para terminar el paro.
Esa postura resulta políticamente insuficiente si no viene acompañada de una ruta clara para restablecer la confianza, ordenar la corporación y devolver el patrullaje municipal a las calles.
El problema de fondo es la falta de conducción. Una administración profesional no espera a que una corporación suspenda labores para sentarse a dialogar. Prevé conflictos, protege la información sensible de su personal, sostiene protocolos de crisis y garantiza que la población no quede expuesta por disputas internas.
Si existen señalamientos sobre la posible entrega de datos personales de policías a autoridades estatales, deben investigarse con rigor. No para encubrir a nadie, sino para asegurar que toda actuación institucional respete derechos, debido proceso y protección de datos.
Bahía de Banderas necesita algo más que llamados a la calma: requiere mando, claridad y responsabilidad. La seguridad pública no puede funcionar con policías desconfiando de sus jefes y ciudadanos pagando el costo de la improvisación.
